“¡Dejame laburar!”, es la queja común del “motochorro” detenido, según el jefe de la Regional Sur de la Policía (LA GACETA, 26 de febrero) lo manifestó a nuestro cronista. Esas dos palabras develan una realidad escalofriante. El joven delincuente considera que la actividad que desarrolla, de apoderarse a cualquier costa de las pertenencias del prójimo, constituye un trabajo, un “laburo”, al fin y al cabo.

Se trata de un indicador gravísimo para nuestra sociedad en su conjunto. Demuestra que ella no ha sido capaz de inculcar, a la totalidad de sus miembros y como principio fundamental vigente desde la más tierna edad, el principio de que una persona debe ganarse la vida trabajando y no delinquiendo por las calles. Y que ese principio tiene carácter de regla inflexible, que han de respetar todos, desde el más afortunado hasta el más pobre de los habitantes.

El crecimiento exponencial de los arrebatos, en nuestra ciudad como en su periferia y en las ciudades y pueblos del interior, está demostrando la magnitud que tiene el problema, como también la magnitud que reviste la deuda de la sociedad a ese respecto. El cuerpo social, en sectores desusadamente amplios de sus componentes, parece haber fracasado, hasta el momento, en el terreno clave de la formación de su conducta. Nada menos que en fijar la tajante separación entre el bien y el mal, que se halla en el basamento mismo del edificio social.

Que en la mente de muchos de sus miembros jóvenes -lo que resulta muchísimo más grave- se haya instalado el concepto de que de que asaltar o robar al prójimo es una actividad normal, nos retrotrae a la época del hombre de las cavernas, con todas las catastróficas consecuencias que son de imaginar.

Frente a tal hecho, de nada sirve, sin duda, la actitud de horrorizarse y de deplorarlo. Parece evidente que nuestra comunidad debe considerar, como una tarea urgente, el esclarecimiento de tal concepto. Puesto que la idea del delito como “laburo” se ha difundido extensamente, corresponde al cuerpo social adoptar las providencias más eficaces para modificar semejante estado de mente y de actitud en una franja numéricamente inquietante de sus miembros.

La educación parece el único camino posible a seguir. No es necesario insistir en el hecho conocido de que los conceptos troncales se fijan en la mente desde la niñez. Como tampoco en que esa fijación debe tener la suficiente fuerza como para contrarrestar todo lo que la falta de inclusión, la pobreza y en muchos casos la miseria, hacen para torcer principios cuya práctica es indispensable para la convivencia, en todos los sectores sociales.

Educar no es sólo tarea del Estado, ni mucho menos. “En ningún aspecto de la vida social como en la educación, han de confluir el Gobierno y la acción privada; porque solamente una grave perturbación moral puede impedir al gobierno ver en la educación su supremo deber y en la sociedad su necesidad máxima. No hay ningún otro interés por encima de ella. El interés económico que nos absorbe y arrebata, tiene en la educación su corrección indispensable”, decía Juan B. Terán hace ya cerca de un siglo. Y agregaba que “es en momentos de crisis económica como los actuales, cuando la educación dá la medida de esa función esencial: que se parece a la del fusible de las líneas eléctricas o de la válvula de seguridad de las calderas, que previenen el desastre y preservan el organismo amenazado”. A ella tenemos que confiar la cura de la deformación actual.